Para mejor comprender lo que los teoricos del derecho han escrito

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hemos tomado este articulo dado el contexto en el cual nos desenvolvemos.ç

1 Delito, raza y cultura: El desarrollo de la criminología en el Perú (1890-1930)
Diálogos en Historia (Lima), 2, 2000, pp. 179-206.
Carlos Aguirre Universidad de Oregon

I. Introducción

A fines de la década de 1850 la visión del delito como un “problema social” –es decir, un fenómeno que iba más allá de la acumulación de violaciones individuales de la ley y que aparecía como un tipo de patología que amenazaba el orden social, moral y político del país– emergió en el Perú (específicamente, en Lima) como una reacción autoritaria-conservadora a una serie de cambios sociales y políticos recientes. Las inquietudes generadas por reformas sociales tales como la abolición de la esclavitud (1854) y la abolición de la pena de muerte (1856) y por sucesos dramáticos como los violentos motines de artesanos de diciembre de 1858 dieron origen a la percepción crecientemente generalizada entre juristas, líderes políticos, periodistas, viajeros y otros analistas de la elite de que la “criminalidad” se había transformado en un problema social de envergadura para el país. Una vez inventada, esta descripción de la criminalidad como un problema social fue aceptada por expertos y políticos de diversa persuasión ideológica quienes, a pesar de sus diferencias, compartían la misma obsesión por la “decadencia moral” y el “desorden social” y una misma aversión por formas populares de socialización. Las sucesivas situaciones de crisis económica y social (acentuadas dramáticamente a partir de la Guerra del Pacífico) y las crecientes distancias culturales entre las elites europeizantes y los grupos plebeyos multiétnicos, adicionalmente, contribuyeron a la interpretación de la criminalidad como un “problema social” cuyas dimensiones, sin embargo, no fueron siempre consideradas “alarmantes”.
Esta visión acerca de “la cuestión criminal” no respondía solamente a causas o acontecimientos inmediatos; reflejaba, además, una serie de discursos pre-existentes acerca de las clases populares y multiétnicas que generalmente cristalizaban en una idea central: la pretendida “degeneración moral” de las clases populares de Lima, un fenómeno que supuestamente afectaba a grupos sociales y raciales específicos (negros, indios, chinos, la plebe urbana), zonas específicas de la ciudad (ciertos barrios de Lima) y hasta ciertos oficios (sirvientes domésticos, jornaleros, ambulantes). La falta de moralidad fue una condición asociada a múltiples manifestaciones de la cultura de las clases populares y que era explicada por una combinación de factores, de los cuales uno de los más influyentes era la falta de castigos severos. La opinión tradicional de que la manera más efectiva para alcanzar el orden y la obediencia era la aplicación de la iolencia y los castigos severos, dio origen a una verdadera paranoia una vez que ciertas formas tradicionales de control social –tales como la esclavitud o la pena de muerte– fueron suprimidas.
Hacia fines de la década de los 80 del siglo XIX la criminología, la nueva ciencia del delito, llegó al Perú, y con ella la promesa de ofrecer explicaciones científicas del delito y de proponer políticas eficaces para su control. Al igual que sus colegas europeos, los expertos peruanos se enfrascaron en discusiones en torno a las explicaciones científicas de las conductas delictivas. La importancia relativa de los factores sociales y biológicos para explicar las tendencias criminales fue un tema de intensa polémica. Este artículo analiza la adopción y desarrollo de la criminología positivista en el Perú, y demuestra que las versiones más radicales del determinismo biológico fueron rechazadas por los criminólogos peruanos en favor de una interpretación “social” del delito. Sin embargo, al hacerlo, los criminólogos peruanos enfatizaron aquellos elementos sociales que estaban más cercanamente relacionados a los rasgos morales de los grupos populares y de color, reforzando así –en lugar de superar– la perspectiva tradicional que veía al delito como un fenómeno moral asociado con ciertos grupos raciales, sociales y laborales.

II. En busca del criminal nato.
La criminología se desarrolló en Europa durante el último cuarto del siglo XIX. Según algunos autores, debemos ubicar su origen hacia fines del siglo XVIII, cuando se intentaba aislar las “causas” del crimen, desde donde habría evolucionado gradualmente hasta cristalizar, a fines de la década de 1870, en aquello que fue bautizado inicialmente como “antropología criminal”2. Otros estudiosos, sin rechazar la importancia de aquellos antecedentes, enfatizan la diferencia radical entre la criminología como discurso científico y los discursos anteriores, menos articulados y sistemáticos, en torno al estudio del delito. Por ejemplo, David Garland sostiene que los escritos de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX forman parte de “la genealogía de la criminología” pero no constituyen una criminología propiamente dicha. Garland identifica a la criminología con un género específico de investigación sobre los delincuentes cuyas bases están sentadas en la idea de que la ciencia puede suministrar explicaciones racionales para la conducta delictiva y que era posible separar, con fines políticos o cognitivos, a los criminales de los no-criminales. Ninguna de estas premisas, dice Garland, existía en las interpretaciones de finales del siglo XVIII (Garland 1994).La criminología positivista –sea que la consideremos la primera verdadera ciencia de la criminalidad o sólo una versión moderna de ella– incorporó varias corrientes culturales decimonónicas tales como la frenología, la “fisionomía”, la estadística, las teorías evolucionistas de Darwin y Spencer, y la fé positivista de que la ciencia podía descubrir las “leyes” que gobiernan los fenómenos sociales. La criminología se benefició, además, de la proliferación de documentación estatal en torno a las prisiones y los criminales. Su influencia se extendió rápidamente por todo el mundo y se convirtió, en menos de una década, en una de las construcciones intelectuales más atractivas del siglo XIX (Garland 1985). Más importante aún, la criminología extendió su audiencia más allá del pequeño círculo de especialistas, pues ofrecía no sólo nuevas interpretaciones de la criminalidad y los delincuentes, sino también soluciones “científicas” a una variedad de preocupaciones sociales. David Horn, entre otros, ha notado que la criminología positivista elaboró “no sólo una nueva perspectiva de la criminalidad, sino también una nueva visión de la sociedad”. La perspectiva liberal de la sociedad –“un grupo de individuos autónomos, cada uno poseedor de libre albedrío, y responsables de sus propios actos”– fue reemplazada por la imagen de la sociedad como “un cuerpo social, con sus propias leyes, regularidades y patologías, las cuales tenían que ser estudiadas por nuevas disciplinas científicas y manejadas según las nuevas formas racionales de gobierno” (Horn 1995: 122).
El origen de la criminología positivista está asociado generalmente con la publicación en 1876 de El Hombre Criminal, de Cesare Lombroso. En su famoso tratado, Lombroso argumentó que había seres humanos cuya inclinación al crimen era innata o heredada, es decir, se trataba de “criminales natos”. También sostuvo que era posible identificar a los criminales (incluyendo a aquellos criminales “potenciales”) observando algunas de sus características físicas (lo que Lombroso llamó “estigmas”). Lombroso consideraba a los criminales como evidencia de una regresión hacia fases más imperfectas en la evolución humana, lo cual fortaleció la identificación conceptual entre los delincuentes y ciertas poblaciones “primitivas” y grupos raciales no-blancos3. La teoría del “criminal nato” de Lombroso se transformó, en los años subsiguientes, en el centro de una apasionada polémica. Sus libros y artículos –y aquellos de sus discípulos, especialmente Enrico Ferri y Raffaele Garofalo– se difundieron por todo el mundo y fueron usados para producir diversas formas de conocimiento acerca de aquellos individuos considerados “desviantes” en contextos bastante diferentes4. En Europa la criminología lombrosiana fue sometida a duras críticas, especialmente por parte de estudiosos franceses como Gabriel Tarde y Alexandre Lacassagne, quienes rechazaron la idea de los criminales natos y enfatizaron la naturaleza social del delito. Las dos escuelas se enfrentaron ardorosamente en una serie de conferencias internacionales y estas polémicas se extendieron y reprodujeron en el resto del mundo5.
En América Latina, los debates legales, sociales y médicos acerca de la criminalidad y los delincuentes también empezaron a incorporar desde fines de la década de 1880 las premisas de la criminología positivista. Juristas y médicos leyeron ávidamente los tratados de criminología que llegaban del extranjero, difundieron sus contenidos en artículos publicados en revistas y periódicos, escribieron tesis universitarias, y debatieron impetuosamente las ideas de Lombroso y sus seguidores. Las reacciones a la criminología lombrosiana fueron muy variadas, oscilando entre la aprobación acrítica y el rechazo enérgico. Aunque la investigación criminológica tardó en llegar, algunos autores (Carlos Roumagnac y Julio Guerrero en México, Nina Rodrigues en Brasil, José Ingenieros en Argentina o Fernando Ortiz en Cuba) realizaron estudios cuyo valor e interés fueron más allá del problema de la criminalidad o la conducta delictiva y terminaron planteando respuestas a cuestiones relacionadas con las formas de identidad nacional, políticas raciales, y políticas de gobierno, con lo cual obtuvieron una influencia enorme en los debates políticos e intelectuales. El impacto de la criminología positivista en la legislación penal y la reforma carcelaria no pudo ser percibido hasta más tarde, especialmente en la década de 1920, pero los discursos públicos y oficiales sobre delito, raza, sexualidad y problemas afines fueron influenciados en gran medida por las teorías criminológicas desde 18906.
En el Perú, el notable jurista, sociólogo y profesor universitario Javier Prado fue el primero en comentar amplia y favorablemente las excelencias de la criminología positivista. En una tesis redactada en 1890 Prado elogió el “método positivo o experimental” como “la única dirección legítima aplicable a todas las ciencias”, incluyendo las “Ciencias Penales” (Prado 1890: 31). Emprendió un ataque frontal contra la escuela clásica penal representada por Beccaria y, siguiendo los postulados del nuevo paradigma, exigió que el centro de atención de la ciencia criminal debía desplazarse hacia el criminal, su constitución física y moral, y la influencia del temperamento y entorno social en el carácter de éste (Prado 1890: 54). Aunque Prado aceptó la idea de que la constitución orgánica y biológica del sujeto influenciaba su condición espiritual y moral, se distanció de los postulados biológicos extremos de la criminología lombrosiana, y acogió las críticas de Gabriel Tarde en el sentido que los criminólogos italianos, “alucinados” por el determinismo biológico, no prestaron atención suficiente a los factores “sociales” del crimen (Prado 1890: 133). Sin embargo, esto no impidió a Prado aceptar muchos de los postulados de la criminología positivista: la importancia de los factores hereditarios y la constitución biológica del sujeto, la necesidad del tratamiento individualizado del criminal, la correlación entre las tendencias delictivas y ciertas enfermedades como la epilepsia y lo que se llamaba entonces “locura moral”, y la necesidad de concentrarse en el estudio del delincuente –y no en cierta noción abstracta de “delito”– como la única manera de descifrar los misterios de la criminalidad.
El entusiasmo de Prado por la criminología positivista fue continuado en numerosas tesis universitarias, folletos y artículos en periódicos y revistas especializadas. Las reacciones variaban desde aprobaciones acríticas de la criminología lombrosiana hasta rechazos hostiles a las “exageraciones” de la escuela italiana. La mayoría de escritos, a favor y en contra, consistían en disquisiciones teóricas o doctrinarias, la mayoría de ellas simplemente resúmenes o recapitulaciones de los escritos de los discípulos de Lombroso o sus detractores7. Muy rara vez los primeros criminólogos peruanos se animaron a llevar adelante investigaciones efectivas con el objeto de producir conocimientos originales o, al menos, someter a prueba las afirmaciones de Lombroso, lo cual revela el carácter más bien retórico de la apropiación de la criminología positivista por parte de los intelectuales peruanos. Y aún en los casos en que se propusieron hacer investigación, la naturaleza científica de ésta resultaba bastante dudosa, incluso si la juzgamos de acuerdo a los patrones de la época, tal como se evidencia en los trabajos de Paulino Fuentes Castro, abogado y director del periódico jurídico El Diario Judicial, y Abraham Rodríguez, médico y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de San Marcos, quienes intentaron aplicar las teorías de Lombroso al estudio de los criminales peruanos.
Fuentes Castro estuvo entre los primeros en asumir los dogmas y la retórica de la criminología lombrosiana, y las páginas de El Diario Judicial constituyeron un medio importante para la difusión de los postulados de la escuela italiana. Estableció tajantemente que “el fenómeno de la criminalidad es un estado de guerra de cierta clase de hombres, que han quedado rezagados en la evolución de los sentimientos de humanidad y de probidad, contra el resto, que es la mayoría social (...) El delito no es un acto humano aislado, sino la revelación de una existencia inadaptable al medio social”8. Fuentes Castro publicó entre 1892 y 1893 una serie de biografías de criminales famosos, concebida como una especie de galería peruana de tipos “lombrosianos”. Aunque estas biografías fueron presentadas como estudios criminológicos –es decir, científicos–, realmente constituían poco más que semblanzas periodísticas mezcladas con ciertos estereotipos comunes y una retórica tributaria de ciertas disciplinas aún en boga como la fisionomía y la frenología. Muy poco, en realidad, encontramos allí de “ciencia positiva”.
El perfil que Fuentes Castro hiciera del famoso criminal Chacaliaza nos permite ilustrar esta afirmación9. Manuel Peña Chacaliaza fue un indígena habitante del pequeño poblado de Guadalupe, en la provincia sureña de Ica, quien después de asesinar a un familiar fue sentenciado a catorce años de reclusión en la penitenciaría de Lima. El 20 de setiembre de 1876, después de dos años de confinamiento, escapó de dicha prisión saltando por sus altos muros. Durante casi un año circuló el rumor de que andaba asaltando por las haciendas y caminos de los alrededores de Lima, hasta que fue recapturado después de un incidente con la policía. En la reconstrucción de Fuentes Castro, Chacaliaza fue presentado como “uno de los más perfectos tipos del delincuente nato”, “una especie de ser mitológico terrible, cuyo solo recuerdo producía terror”, un “verdadero fenómeno moral, contrario a las leyes de la especie”, cuyo instinto “lo llevaba a matar por el gusto de matar”, y quien supuestamente disfrutaba presenciando la agonía de sus víctimas. Chacaliaza, continúa Fuentes Castro, ejemplificaba lo que Lombroso había dicho acerca del carácter del criminal nato: “su instinto lo llevaba a matar por el gusto de matar”. Fuentes Castro, además, sostuvo que la fisonomía de Chacaliaza mostraba, entre otras anomalías, “una asimetría facial bien caracterizada, y una serie de anomalías visibles, conservadas por la fotografía”10. Si estuviese vivo, dijo, podría ser la mejor prueba de que, en realidad, “el hombre no es perverso en muchos casos porque quiere, sino en virtud de desequilibrios orgánicos, que lo arrastran al crimen, con la misma fatalidad que los objetos se dirigen al centro de la tierra”. Lo que conviene enfatizar es el hecho de que Fuentes Castro elaboró su perfil “criminológico” de Chacaliaza en base a una serie de rumores y mitos que circularon en Lima durante y después del período en el cual Chacaliaza anduvo como fugitivo, a lo cual agregó los ya conocidos esteretipos, dominantes en la época, sobre los indios y los delincuentes. Nuestro autor se limitó a repetir algunos reportes periodísticos acerca de los numerosos (y en algunos casos horrendos) crímenes atribuidos a Chacaliaza durante el año que anduvo fugitivo, pero no se enteró (o prefirió no revelarlo) que durante el juicio que se le hizo a Chacaliaza luego de su captura quedó demostrado que, en realidad, no cometió ninguno de aquellos crímenes. Todos los testimonios confirmaron que había estado trabajando tranquilamente como peón en haciendas y chacras de las inmediaciones de Lima.
Por otro lado, el médico Abraham Rodríguez llevó adelante un proyecto de investigación típicamente lombrosiano: ingresó a la penitenciaría de Lima para registrar los rasgos físicos de los convictos con el objeto de identificar las características de los criminales natos peruanos (Rodríguez 1899). Con sólo observar la galería fotográfica de presos de la penitenciaría Rodríguez creyó poder deducir que algunos de ellos tenían los signos del criminal nato, algo que “confirmó” después de conducir exámenes individuales. Rodríguez comparó los índices cefálicos de los 300 criminales del panóptico. La mayoría, sostuvo, eran delincuentes de ocasión, pero también habia algunos delincuentes natos, cuyos caracteres físicos tuvo en cuenta para trazar su perfil del “criminal nato peruano”. El reo 277, por ejemplo, reincidente, con muchos robos y homicidios en su haber, presentaba un índice cefálico que llegaba a la "alta cifra de 91.56"; el reo 38, acusado de robo, tenía un índice de 88.88; el 70, preso por homicidio, 87.64, y así sucesivamente. Esta braquicefalia exagerada confirmaba, según Rodríguez, las conclusiones de Lombroso sobre el índice cefálico del hombre delincuente. La capacidad craneana es otro dato importante. En muchos criminales había arrojado resultados inferiores a los normales, pero hay casos de criminales cuya capacidad craneana es "considerable". En el caso de Lima, dedujo la capacidad craneana "por la medida de las circunferencias y por la inspección simplemente craneoscópica". Así se convenció de que "no existen grandes cráneos entre nuestros criminales". Y además, creyó descubrir que "parece haber alguna relación entre la especie del delito y la amplitud de la cavidad craneana, que es mayor en los individuos homicidas que en los condenados por robo o violación". El cráneo más voluminoso sería el de un homicida y el más pequeño de uno acusado de estupro. En el panóptico, concluyó, todos los delincuentes natos –que representaban un 10% del total de presos- presentaban una “deformación plagiocefálica”, aunque en grados diferentes. Este resultado (100% del total de delincuentes natos con dicha deformación) era muy superior incluso al hallado por Lombroso (42%) lo cual, dice, se explica por cuestiones raciales. Rodríguez había estudiado más de 300 cráneos de antiguos peruanos y había encontrado la misma tendencia. "El delincuente nato –concluye- tiene los cabellos abundantes, la frente deprimida, los senos frontales y los arcos superciliares muy desarrollados, la mirada fija y dura, la nariz voluminosa y desviada en sentido lateral, los pómulos y maxilares superiores salientes y asimétricos, las orejas en asa, los labios delgados, la barba escasa y la mandíbula de magnitud exagerada" (Rodríguez 1899: 5-14). Si había en el Perú algún criminal nato era sin duda, según Rodríguez, un miembro de la raza indígena.
En estos dos casos el propósito de la empresa criminológica no era otro que confirmar la teoría lombrosiana del criminal nato. Los autores se embarcaron en investigaciones dudosamente científicas, reproduciendo las afirmaciones de Lombroso, y con frecuencia manipulando los datos con el objeto de adecuarlos a la teoría. Las explicaciones científicas de la criminalidad fueron admitidas y supuestamente confirmadas después de investigaciones de primera mano. Ambos autores, como hemos visto, intentaron delinear la imagen del “indio criminal” como un criminal nato y aún como un “tipo lombrosiano perfecto”. El descubrimiento de la criminalidad indígena como un problema y el “criminal indígena” como un tipo humano especial fue ciertamente resultado de la difusión de la criminología y su búsqueda de “tipos” criminales, pero además se nutrió de imágenes y estereotipos sobre los indios que habían sido desarrollados por escritores racistas y que ahora –se pensaba- podían ser “confirmados” por la investigación científica. En estas imágenes, los indígenas eran mostrados alternativamente como seres pasivos, conformistas e inertes, incapaces de cualquier iniciativa o voluntad (la imagen del “indio manso”) o, por el contrario, como esencialmente violentos, inhumanos, crueles y peligrosos (la imagen del “indio salvaje”). La preeminencia de alguna de estas imágenes sobre la otra oscilaba de acuerdo al momento histórico concreto o la perspectiva particular del analista, pero frecuentemente aparecen combinadas en descripciones que presentan a los indígenas como aparentemente pasivos y mansos pero que en esencia eran violentos y criminales: la conocida imagen del indio hipócrita12. Basándose en esta dualidad de imágenes –cuyos antecedentes se remontan a tiempos coloniales– algunos criminólogos peruanos trataron de construir, con ayuda de la ciencia, la noción de un indígena criminal atávico e innato, capaz de ejecutar crímenes horrendos. Perfiles similares habían sido difundidos en momentos de tensión social (por ejemplo, durante el período posterior a la rebelión de Túpac Amaru), pero ahora este discurso estaba sustentado por argumentos supuestamente científicos. La antropología criminal, con su énfasis en las imperfecciones biológicas, los efectos del clima y del medio ambiente, y su descripción de los grupos no-blancos como irremediablemente propensos al crimen, parecían confirmar los supuestos de las elites racistas del siglo XIX en el Perú: los indígenas eran, en esencia, verdaderos criminales. Como veremos, sin embargo, por diversas razones las explicaciones biológicas del delito y la descripción de los indígenas como “criminales natos” no hallaron eco entre la mayoría de criminólogos peruanos.

III. La naturaleza “social” del delito.

El intento de desarrollar una versión peruana de la criminología lombrosiana no prosperó. Desde los inicios de la difusión de la nueva ciencia existieron posturas escépticas provenientes de aquellos que rechazaban la existencia de “criminales natos” (por razones legales o morales) y defendían un acercamiento menos biológico y más “social” en el estudio del delito. Mientras la mayoría de autores simplemente reiteraban y sintetizaban lo que los criminólogos eclécticos europeos –sobre todo franceses– habían escrito contra Lombroso y sus discípulos, algunos de ellos se arriesgaron (no siempre de manera ejemplar, sin embargo) a realizar investigaciones, ofreciendo valiosos estudios sobre la criminalidad en el Perú.
Un esfuerzo temprano y valioso fue llevado adelante por Plácido Jiménez, graduado en la Universidad San Marcos, quien ofreció tanto una amplia revisión de las teorías criminológicas como una investigación de la criminalidad en Lima a través de un examen descriptivo y estadístico (Jimenez 1898). Jiménez fue enfático al rechazar las teorías de Lombroso13, pero contradictoriamente aceptó que había seres humanos “de perversidad ingénita” que no podían ser reformados por ningún tratamiento penal. El criminal nato fue definido como “el hombre que en la práctica resiste a todo tratamiento correccional”14. En cuanto a las causas de la criminalidad, Jiménez estuvo de acuerdo en que ellas incluían la constitución “físico-psíquica” del delincuente, el medio ambiente que lo rodeaba, y las condiciones de la sociedad en que vivía. Pero fue el factor social el que Jimenez, siguiendo a Tarde y Lacassagne, consideró el más importante, una conclusión que encontró “consoladora” pues mediante las leyes “puede mejorar[se] las condiciones de la sociedad” y así eliminar el delito. Las causas “sociales” del delito a las que hizo referencia incluían la vagancia, la prostitución, el juego, la pobreza, y la impunidad de los crímenes perpetrados por miembros de las clases altas, y enfatizó, por otro lado, que era la decadencia moral de las clases populares la que las empujaba hacia una vida criminal: “En las últimas capas de la sociedad está muy embotado el sentido moral, el criterio de la justicia es ahí más embrionario, y jamás se detienen a mirar el porvenir” (Jiménez 1898: 121). En otras palabras, en lugar de depender de la raza o la biología, la comisión de delitos dependía de la constitución moral de los sujetos, en particular, de los miembros de las “últimas capas” de la sociedad. Por tanto, las “soluciones” que proponía incluían la demanda por una firme intervención estatal para detener el desorden social y la inmoralidad a través de campañas de “prevención social”, único medio capaz de eliminar el delito. En realidad se trataba, según Jiménez, de un problema de “higiene social”, puesto que la criminalidad podía ser comparada con una enfermedad contagiosa. Añadió que la prevención debía centrarse sobre todo en los niños y debía incluir educación, la creación de instituciones de caridad y bienestar, la difusión de sentimientos religiosos, la supresión de la impunidad, la búsqueda de la estabilidad política, el perfeccionamiento de las leyes, y la prohibición de la bebida y el juego.
En años posteriores, otros autores desarrollaron estos temas en una serie de importantes estudios sobre la delincuencia en el Perú15. Aunque los factores hereditarios, raciales y biológicos no fueron descartados en su totalidad, estos autores prestaron una atención más seria a los factores sociales que iban desde la inmoralidad a la explotación, de la ignorancia a la imitación, de la prostitución al consumo de alcohol. La novedad fue la inclusión de la injusticia social y la explotación semi-feudal de los indígenas andinos como factores importantes detrás de la perpetración de sus crímenes. Por ejemplo, José Antonio Encinas sostuvo enfáticamente que los indígenas no eran unos degenerados y que “el enorme porcentaje de la criminalidad indígena obedece a causas de orden social, como la expansión de tierras, la falta de salario, el ningún concepto de ahorro, la miseria, la explotación” (Encinas 1919: 267). Usando estadísticas sostuvo que “en los departamentos donde hay más latifundios, donde el gamonalismo ha hecho más raigambre, es donde la curva del delito señala los puntos más altos” (idem, 263). Y a diferencia de Fuentes Castro, declaró que los indios “no matan por matar, como los salvajes” (Idem, 201). En otras palabras: “el indio no es criminal nato” (Idem, 261). El médico Hermilio Valdizán, aunque empieza su estudio sobre La delincuencia en el Perú afirmando que el crimen debía ser tratado como “una manifestación de actividad biológica”, terminó sosteniendo que los factores “exógenos” eran particularmente importantes en el estudio de la criminalidad indígena. Según él “en un ambiente de servilismo, bajo un régimen de opresión incesante, son fácilmente explicables las reacciones violentas. Y porque esas condiciones, lejos de atenuarse, se acentúan más y más, persisten y tienen marcada tendencia a crecer las cifras de la delincuencia de la raza indígena” (Valdizán 1910:147). La Sociología criminal peruana de Víctor Modesto Villavicencio comprendía extensos debates acerca del bandolerismo, el delito indígena, la prostitución y la influencia de factores económicos en la criminalidad. Por ejemplo, argumentó que todos los defectos atribuidos a los indígenas –crueldad, holgazanería, ignorancia, y la ausencia de sentimientos de honor, nacionalismo, o clase– eran resultado de un sistema feudal explotador. “Todas sus aptitudes y energías no las ha empleado [el indio] para hacerse un tipo biológico de selección, sino para defenderse desesperadamente de la opresión económica, política y social que ha pasado sobre sus hombros” (Villavicencio 1930:65).
La falta de entusiasmo entre los criminólogos peruanos respecto a las explicaciones biológicas de la criminalidad respondía a múltiples causas, la más importante de las cuales fue la naturaleza cambiante de los discursos raciales entre las elites intelectuales peruanas en el tránsito del siglo XIX al XX, un proceso que ha sido comentado por diversos estudiosos. Las formas más radicales de racismo (aquellas que describían a los indígenas, negros y chinos como biológicamente inferiores) fueron perdiendo gradualmente su atractivo –aunque no fueron suprimidas totalmente– y las razas “degeneradas” –especialmente los indígenas– ya no fueron consideradas irremediablemente “perdidas” sino “redimibles”, ya que su degeneración fue localizada no en la biología sino en ciertas características culturales16. Las agresivas declaraciones racistas como las de El porvenir de las razas en el Perú, de Clemente Palma, perdieron vigencia17. El historiador Frederick Pike ha llamado “neopositivistas” a aquellos intelectuales que, a finales de la década de los 80 del siglo XIX, comenzaron a reconsiderar las teorías raciales Darwinistas sostenidas por ciertos intelectuales peruanos y se mostraron más preocupados por “ayudar y elevar a los indígenas en vez de eliminarlos y desaparecerlos” (Pike 1967: 159). Durante el cambio de siglo, los debates políticos e ideológicos sobre el destino de la nación peruana y los diferentes roles que los grupos étnicos y sociales desempeñarían en la construccion del futuro del país, también empezaron a reflejar estas influencias. En la mayoría de estas intervenciones, el racismo biológico fue reemplazado por una propuesta más optimista que enfatizaba la contribución potencial de los indígenas y los mestizos –los negros y los chinos no eran del particular interés de estos autores– en la creación de una comunidad nacional. Ideólogos y críticos sociales como el anarquista Manuel Gonzales Prada, el marxista José Carlos Mariátegui, y el aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, por mencionar a los más prominentes, fueron incluso más lejos, presentando el problema indígena como la cuestión social central del Perú contemporáneo. Según ellos, la así llamada “cuestión indígena” no era un problema racial sino social, cuya solución demandaban radicales reformas sociales y políticas18. Al igual que en el caso de otros países latinoamericanos como México, Brasil o Cuba, el racismo biológico debía que ser rechazado si es que quería dejarse abierta alguna esperanza para el futuro de la nación peruana que no fuera la esperanza de una masiva inmigración europea y el consiguiente “blanqueamiento” de la población –un sueño que como sabemos jamás se concretó. Los ideólogos peruanos tuvieron que enfrentarse al hecho evidente de que el futuro del país tenía que ser elaborado con aquellos grupos no-blancos que incluían a la abrumadora mayoría de la población peruana. La superación del racismo biológico radical contribuyó, por consiguiente, a desacreditar las explicaciones biológicas extremas (lombrosianas) de la criminalidad. El criminólogo Víctor M. Villavicencio lo expresó de una forma clara: “Dar como absolutas e irremediables las deficiencias del indio, sería renunciar al gran propósito de incorporarlo a la civilización. La ciencia ha realizado tantos prodigios, aún con los mismos anormales, que no hay que perder la esperanza de perfeccionarlo. Aceptar como categóricas e irremediables las incapacidades de los indígenas sería renunciar a la gran misión de incorporarlos a la civilización. La ciencia ha realizado muchos prodigios hasta con seres anormales, lo que no puede hacernos perder nuestra esperanza de mejorarlos. De otro modo tendríamos que decidirnos por su exterminio. Y diezmar a la raza indígena sería desaparecer al Perú como organismo biológico. De esta opinión homicida, seguramente, ya no participan ni aquellos mestizos aristocratizantes, cuyo espíritu colonial se sentía solidario con la tesis del valor negativo de la raza indígena” (Villavicencio 1930: 72-73).
Estas ideas eran claramente tributarias del indigenismo. Como sabemos, un grupo de escritores mayormente urbanos, de clase media y no indígenas, artistas y activistas políticos, especialmente a inicios del siglo XX, empezaron a denunciar la nociva herencia del colonialismo, la explotación de los indígenas por los gamonales y autoridades locales, y la miseria, el alcoholismo, y el abuso de la coca entre los indígenas, culpando a todos estos factores por la condición de “degeneración” o “postración” de la raza indígena19. El indigenismo contribuyó claramente a moldear las posiciones de los criminólogos respecto a las explicaciones biológicas de la criminalidad, especialmente en lo concerniente a la criminalidad indígena. Tal como puede ser apreciado en los escritos de criminólogos como Encinas y Villavicencio, la miserable condición de los indígenas y la explotación que sufrían fueron ofrecidas como las causas más importantes de su tendencia hacia la criminalidad. Más importante aún, el énfasis indigenista en las posibilidades de redención para la “raza indígena” ayudó a desacreditar las afirmaciones de una tendencia biológica inevitable e inmutable de los indígenas a la violencia y el crimen. Aunque generalmente los indígenas mantuvieron una posición paternalista, esencialista, y con frecuencia incluso racista hacia la cultura y sociedad indígenas, y a pesar de que su propuesta tendía a homogeneizar a los “indígenas” como si pertenecieran a una “cultura” única y uniforme, ayudaron no obstante a contrarrestar las ideologías basadas en el racismo biológico extremo.
La relativa declinación del racismo biológico y el rechazo a las explicaciones biológicas del delito fueron, por tanto, fenómenos intelectuales que se alimentaron mutuamente. Pero igualmente importante es el hecho de que los dos dejaron espacio para la continuación de otros discursos raciales más sutiles. Por lo general, los criminólogos peruanos siguieron incorporando las características raciales en su lista de factores
19 El indigenismo es, ciertamente, un fenómeno intelectual y político mucho más complejo de lo que estas breves referencias pueden sugerir. La literatura sobre el indigenismo es abundante. Importantes contribuciones recientes son las de Lauer (1997) y De la Cadena (1996). contribuyentes a la criminalidad. Un ejemplo sobresaliente es el de Ladislao Graña, quien en una tesis precisamente titulada “Factores sociales de delincuencia en el Perú”, analiza el factor “raza” en primer lugar. Y aún cuando concluyó al final de su ensayo que “la falta de medios de subsistencia es la fuente directa del crimen y contribuye de una manera eficaz a la degeneración moral” (Graña 1899: 735), seguía pensando que las características raciales contribuían a modelar la conducta delictiva. Y fue aún más lejos al aceptar la idea de que las cuatro razas componentes de la población peruana eran “inferiores” (española, indígena, negra y china). Sobre esta última dijo, por ejemplo, que se trataba de una “raza vengativa, tuberculosa y sifilítica [que] ha ocupado y ocupa la última esfera de la humanidad” (Graña 1899: 727). En realidad, aunque muchos autores rechazaron las simplistas explicaciones raciales/biológicas de la conducta social, y pusieron el dedo en la llaga de la explotación social del indio, ninguno de ellos se atrevió a refutar las imágenes negativas de indios, negros, y chinos degenerados, propensos a cometer crímenes violentos y hasta salvajes. De esa forma, contribuían ciertamente a perpetuar los antiguos estereotipos sobre estas poblaciones. El propio Villavicencio, por ejemplo, reproduce aprobatoriamente las siguientes descripciones de la “psicología indígena” diseminadas por Luis F. Aguilar: “[El indio] siempre procura engañar (…) Llámase pobre y le sobra todo. Se afana por lo que le deben y ni se acuerda de lo que ha de pagar. Es tan opuesto a la verdad que miente hasta con el semblante. Deja de hacer el mal sólo cuando no puede. Nunca deja de robar lo que se le viene a la mano (…) Si hace algo es por interés, no por comedimiento. Nada agradece, todo le repugna. A nadie quiere y él mismo se rata mal. Se le tratan bien se enoja, si mal es obediente. Es diable entre los demonios, demonio como ninguno.” (Villavicencio 1930: 65). Villavicencio visitó también la penitenciaría de Lima, y de sus observaciones pudo concluir que “el indio es un débil mental”. Más aún: “el indio es cruel, vengativo, avaro, perezoso” (Idem, p. 63).
Detrás de estas aparentes contradicciones, lo que realmente estaba ocurriendo era una especie de desplazamiento conceptual respecto a la construcción de la categoría de “raza”. En vez de definirla en función de un conjunto de rasgos biológicos, hereditarios y por tanto inmutables, “raza” adquirió más bien un contenido cultural que incluía actitudes, normas, valores y costumbres, o, en el lenguaje de la época, “principios morales”. Esto significaba, entre otras cosas, que la “raza indígena” podía ser mejorada, sobre todo a través de la educación obligatoria y la eliminación de algunos de los factores contribuyentes a la degeneración. El racismo no desapareció, ni tampoco la premisa sobre la existencia de razas inferiores, pero de alguna manera estas ideas fueron redefinidas. Cuando quedó claro para las elites peruanas que, primero, no podían presentarse como pertenecientes a una raza “superior”, y segundo, que si consideraban biológicamente inferior a las “razas” mayoritarias del país entonces no habría futuro viable, modificaron el aparato conceptual con que racionalizaban la distancia social y cultural que los separaba de grupos con los cual sentían pocas cosas en común. En lo sucesivo, no sería lo biológico sino lo cultural (la moralidad, los hábitos de sobriedad y decencia, y rasgos similares) lo que establecería (y justificaría) la diferencia. Al hacerlo, en realidad estaban volviendo sobre un tema ampliamente transitado en el siglo XIX, en lugar de proponer nuevas explicaciones derivadas de la investigación criminológica científica.
Al representar a las clases populares como carentes de principios morales, hábitos de trabajo y educación, estos intelectuales justificaban la necesidad de un enérgico control social y, aún sin proponérselo, las políticas excluyentes del estado, transformando la lucha contra el crimen en una campaña en favor de una reforma moral autoritaria. La frontera entre las condiciones sociales de vida y la moralidad de las clases más bajas permanecía borrosa. La relación que Villavicencio estableció en 1930 entre la criminalidad y las condiciones de vida en los callejones de Lima es muy reveladora: “El callejón, en Lima, es la mejor escuela del vicio y el delito. Junto a las gentes honestas, viven individuos viciosos, explotadores de mujeres, malvivientes de toda especie. Las escenas inmorales y sangrientas son frecuentes. Y como la vida se hace en común, los niños, tempranamente, son influidos por los escándalos, por los hechos sangrientos de sujetos peligrosos, que confunden el amor con el crimen (…) Callejón y delito son dos términos que marchan unidos. Examinemos a cualquier reincidente, a cualquier delincuente habitual y contestaremos que sus vicios e ideas criminosas se gestaron originariamente en el callejón (Villavicencio 1930: 40).
Al rechazar las explicaciones biológicas del delito, por tanto, los criminólogos ofrecían una perspectiva “optimista” del futuro peruano: los criminales (o, por extrapolación, las clases populares) eran redimibles, no por una mutación intrínseca, sino como el resultado de la educación, las medidas rehabilitadoras, y el control de los principios morales. La redención era posible sólo si se conseguía la internalización de una serie de valores culturales que eran considerados superiores. Al describir el delito como un “problema social” cuyas bases se hallaban en aberraciones culturales y, en ciertos casos, al ofrecer la “protección” del estado a aquellos indígenas víctimas de abuso e incivilizados para así convertirlos en trabajadores productivos en vez de que se dediquen a la violencia y al crimen, ofrecieron una base “científica” para ciertas formas intrusivas de ingeniería social. El caso de José Antonio Encinas, probablemente el criminólogo más “progresista” de su tiempo, es ciertamente revelador: atribuyó a la explotación y al abuso la comisión de delitos por parte de los indígenas, pero para corregir esa situación propuso que el estado debía promulgar una legislación “tutelar” para protegerlos, especialmente porque “el indio es factor primordial en el desenvolvimiento económico del país, [y es] difícil de reemplazarlo” (Encinas 1918: 3).
IV. Temas y variaciones: la criminología científica y su legado.
La criminología científica, al margen de la posición adoptada por sus practicantes hacia las perspectivas lombrosianas, se convirtió gradualmente en el paradigma dominante en los discursos especializados sobre el delito en el Perú durante el período de 1890 a 1930. Este fue un período de modernización económica y de continua dominación política y social oligárquica, pero también marcado por la emergencia de discursos sociales alternativos y tendencias políticas radicales como el socialismo. El segundo periodo de gobierno del presidente Augusto B. Leguía (1919-1930) tomó cierta distancia de la tradicional aristocracia terrateniente que había gobernado en el período de 1895-1919 (la llamada “república aristocrática”), afectando su poder político pero dejando casi intactas las bases económicas y sociales de su preeminencia. Leguía embarcó al Perú en un acelerado proceso de modernización (particularmente en áreas como la inversión extranjera, la producción industrial, el desarrollo de la infraestructura y la racionalización del estado), pero hizo muy poco (a pesar de su estridente retórica) para modificar la marginación legal, social y cultural de la mayoría rural e indígena de los peruanos. La obsesión de Leguía con los signos de modernidad se extendió también hacia diversos aspectos de la legislación. En 1924, un nuevo Código Penal fue promulgado, reflejando tanto la preocupación del régimen por la modernización de las leyes como la hegemonía que la criminología positivista había alcanzado entre los expertos sobre la criminalidad y la justicia penal.
Los criminólogos aplaudieron la incorporación de muchos de los principios de la criminología positivista en el nuevo código penal: la sentencia indeterminada, la idea de la irresponsabilidad penal para “los criminales peligrosos no-imputables”, la adecuación de la pena al grado de “peligrosidad” de cada individuo, la libertad condicional, y muchos otros. La “defensa de la sociedad” –un concepto desarrollado en Europa y los Estados Unidos, según el cual la sociedad tenía el derecho de defenderse de los individuos peligrosos, aún apelando a castigos severos como la pena de muerte– se convirtió en el marco doctrinario del nuevo código penal20.
Una de las innovaciones del código penal de 1924 fue el tratamiento concedido a la población indígena. Permitió –en realidad demandó– a los tribunales tomar en consideración toda circunstancia atenuante en la perpetración de crímenes que podía venir del hecho que los perpetradores eran “salvajes” –las tribus nativas de la región amazónica–, “semi-civilizados” o “indígenas alcoholizados” –los habitantes de la región andina. Según el código penal, aquellos dos “grupos” carecían de los conocimientos, sensibilidad y principios morales que la parte “civilizada” de la población peruana –citadinos, educados y no-indígenas– sí poseía, y por lo tanto, debían ser considerados relativamente inimputables21. El propósito final de esta legislación era conseguir la readaptación del criminal indígena, la cual se concretaría en las colonias penales agrícolas en las cuales los indios crueles e incivilizados iban a recibir un tratamiento que podía “readaptarlos” a la “estructura jurídica del país”. En palabras de Deborah Poole, el objetivo era transformar al indígena en un “correcto sujeto jurídico” (Poole 1990: 354). Como Hurtado Pozo y Poole han señalado, el código penal optó por una actitud asimilacionista /paternalista hacia esta población, coherente con el paradigma dominante: el indígena debía ser incorporado a la comunidad nacional a través de la educación obligatoria, la pena rehabilitadora, y el refinamiento (compulsivo) de sus valores culturales. Detrás de la supuesta “protección” que el Estado ofrecía a la población indígena por medio de la legislación “tutelar”, subsistió una típica actitud neo-colonial respecto a la cultura, la historia y los valores sociales de la población indígena.
La orientación del código también reflejó el creciente desarrollo que las perspectivas médicas sobre la criminalidad estaban alcanzando en ese momento. Desde al menos mediados de la década de 1850 los médicos contribuyeron a la formulación y estudio de problemas sociales, incluyendo el delito. Revistas especializadas como la Gaceta Médica de Lima, por ejemplo, prestaron atención a la variedad de “problemas sociales” –epidemias, criminalidad, alcoholismo– y también organizaron debates acerca de problemas jurídicos, entre ellos la condición legal de los crímenes perpetrados por personas alcohólicas o dementes. Los médicos eran consultados en casos en los cuales su opinión era considerada decisiva para aclarar problemas relacionados al crimen, el perpetrador, o la víctima (Fuentes y De la Lama 1877: 434-436). La adopción de la criminología positivista difundió la opinión de que no eran los abogados sino los médicos los que tenían que evaluar al criminal, decidir su culpabilidad, y delinear un tratamiento de cura para ellos, una idea que fue rechazada enérgicamente por juristas y abogados. A inicios de la década de 1920, la retórica médica empezó a ganar predominio entre la comunidad de criminólogos. Los doctores Hermilio Valdizán, Carlos Bambarén y otros apoyaron la “medicalización” de la criminalidad y por tanto, tanto en teoría como en la práctica, trataron de establecer un vínculo entre la conducta delictiva y enfermedades como la demencia, la epilepsia y el alcoholismo23. En una serie de estudios de casos individuales de delincuentes, Bambarén sentó las bases para una propuesta médica sobre el delito. En la mayoría de casos, Bambarén halló que los delincuentes eran en realidad víctimas de patologías fuera de su control24. No obstante los esfuerzos de Bambarén y Valdizán, la “medicalización” del delito no tuvo acogida entre la mayoría de miembros de la comunidad de criminólogos y, especialmente, entre funcionarios de las prisiones, para quienes era difícil aceptar que sus internos no eran responsables por sus crímenes sino que, por el contrario, debían recibir cuidado y tratamiento como pacientes médicos. Su eclecticismo, alimentado por nociones pre-establecidas acerca de la población criminal como un grupo carente de principios morales, se combinó con la escasez de recursos requeridos para implementar las clínicas criminológicas y otros proyectos parecidos, de modo que la “medicalización del delito” se convirtió en una mera innovación formal carente de resultados concretos en el tratamiento de la población criminal.
Pero si la medicalización del delito no fue aceptada universalmente, casi todos los criminólogos coincidieron en que la noción de “peligrosidad” debía ser el componente central tanto del análisis criminológico como de las políticas penales. Los “sujetos peligrosos” tenían que ser aislados, tratados y eventualmente castigados con el objeto de proteger a la sociedad de su maligna influencia. El criterio para determinar el grado de peligrosidad incluía generalmente una investigación de los antepasados de la persona, la educación, historia clínica, rasgos antropológicos, antecedentes penales, etc. Este grado de peligrosidad tenía que ser determinado por los expertos (psiquiatras y criminólogos), quienes decidirían cuál debía ser el tratamiento que el criminal recibiría. Según este criterio, por ejemplo, los indígenas que vivían bajo condiciones de aislamiento y pobreza, víctimas del alcohol y adictos a la coca, o sujetos a la explotación de gamonales, eran considerados como peligrosos y, de esta manera, necesitados de un tipo especial de vigilancia y tratamiento (Solano 1950). Susana Solano ofreció en 1937 una síntesis doctrinaria de la noción de peligrosidad, enfatizando la importancia de apreciar las formas “no-criminales” de peligrosidad, las cuales incluían la prostitución, el juego, la homosexualidad y el alcoholismo. Sugirió que eran necesarias medidas tutelares a fin de erradicar factores mórbidos que dieran origen a semejante peligrosidad (Solano 1937). Este tipo de ideas nos devolvía prácticamente al comienzo: detrás de la retórica positivista y el uso de conceptos “científicos” como el de “peligrosidad”, difícilmente
22 Ver, por ejemplo, el debate entre médicos y abogados en el caso del asesino múltiple Lorenzo Maquiavello. 
podemos evitar notar la presencia recurrente de ciertos discursos tradicionales acerca de las clases populares y los grupos étnicos no blancos. Los mismos elementos culturales y sociales que fueron blanco de los escritores de mediados y finales del siglo XIX como elementos constitutivos de la conducta delictiva, eran ofrecidos ahora como justificaciones para un accionar aún más intervencionista de las instituciones del estado. Como el jurista Alfonso de las Casas escribió refiriéndose a los delincuentes juveniles “la causa de la delincuencia en estos jóvenes, no es más que una: su propia vida” (De las Casas 1913).

V. Conclusiones
Este ensayo ha intentado mostrar que los criminólogos peruanos de comienzos del siglo XX por lo general rechazaron las explicaciones biológicas de la criminalidad y optaron por describirla como el resultado de múltiples causas, la mayoría de ellas relacionadas con prácticas sociales y culturales y, en algunos casos, con la injusticia social y la desigualdad. Aunque los criminólogos peruanos aceptaron la mayoría de dogmas de la criminología positivista (la exigencia de la investigación científica del criminal, la atención que debía brindarse a los rasgos biológicos y hereditarios, la importancia atribuída a la medicina en el tratamiento de criminales), se inclinaron por rechazar las versiones mas extremas del determinismo biológico lombrosiano cuando intentaron explicar las conductas delictivas. Esta actitud está estrechamente vinculada a ciertos cambios intelectuales y políticos en el tránsito del siglo XIX al XX, y sobre todo, al abandono o disminución de las tesis vinculadas al racismo biológico. Los debates en torno al futuro de la “nación” peruana obligaron a la mayoría de ideólogos a dejar de lado el racismo biológico si es que se quería dejar abierta alguna esperanza para la materialización de dichos proyectos. Esa especie de toma de conciencia obligó a los ideólogos peruanos a alejarse de las posturas racistas biológicas pero no de otras formas, más imperceptibles pero no menos efectivas, de discriminación, exclusión y represión. Los indígenas y los criminales fueron considerados “redimibles” pero, para las elites modernizantes peruanas, esa redención requería una obligatoria operación de rescate por parte de las fuerzas de la civilización. Sólo después de un proceso de sanitización cultural y social la población indígena podía ser aceptada como miembro de la comunidad nacional.
La tan mencionada propuesta “social” en torno a la criminalidad fue elaborada de tal manera que llegó a ejercer una fuerte atracción entre las elites modernizantes. Las causas “sociales” de la criminalidad tales como la prostitución, el juego, el abandono infantil, el concubinato, la holgazanería y la carencia de principios morales, tal como fueron presentados por los criminólogos peruanos, solían culpar a las clases populares y sus prácticas sociales y culturales “incivilizadas” por la perpetración de crímenes. En realidad la criminología “científica” tendió a reproducir, adornado con un nuevo lenguaje, un viejo discurso: las clases populares y no blancas carecían de “principios morales”, producto de lo cual habían sufrido un proceso de “degeneración”, mostraban signos de peligrosidad y resultaban propensos a la conducta delictiva, todo lo cual requería, en defensa de la sociedad, un mayor esfuerzo intervencionista del estado a través de la legislación “tutelar” y un proceso de “civilización” compulsivo.
La criminología como disciplina posee una naturaleza dual. Es, al mismo tiempo, una estrategia de investigación acerca de los seres humanos y de problemas sociales específicos –tal como eran definidos por los criterios científicos y legales de la época–, y también una serie de proposiciones en favor de formas más intrusivas de intervención estatal y regulación de la vida de la población. En ambos aspectos, la criminología aparece como una disciplina claramente moderna. Pero en el caso peruano, su

aceptación resultó fuertemente sesgada, pues por un lado demostró un compromiso muy débil con la investigación científica, y por el otro una fuerte propensión hacia el lado intervencionista. La criminología en el Perú reprodujo generalmente lo que parecían ser interpretaciones ampliamente demostradas, presentándolas como descubrimientos “científicos” dirigidos por los métodos positivistas. Como tal, reforzó las imágenes tradicionales sobre las clases populares y grupos de color, y recicló nociones de degeneración moral como las causas centrales de la criminalidad. Los criminólogos, al presentarse bajo el halo de la “ciencia”, ganaron una creciente audiencia entre los funcionarios del estado, los legisladores y la opinión pública, así como una creciente legitimidad profesional. Esto los llevó a involucrarse en el escenario político, especialmente durante la década de 1920 cuando los miembros más prominentes de ese grupo (Villavicencio, Bambarén, y otros) trabajaron para el gobierno de Leguía y, desde esa posición, trataron de influenciar las políticas del estado en relación a la delincuencia y la reforma carcelaria. Las “soluciones” propuestas por los expertos en criminalidad (especialmente aquellas relacionadas a la investigación y el tratamiento médico-criminológico, la implementación de gabinetes antropológicos, y varios aspectos de la reforma carcelaria) fueron más fácilmente adoptadas en la legislación y la doctrina que en la práctica. Pese a ello, sin embargo, los criminólogos contribuyeron a legitimar las políticas excluyentes del Estado hacia los indígenas y las clases populares y a justificar la represión política y cultural de aquellos a quienes se les consideraba moralmente inferiores.

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