INFORME SOBRE EL PRIMER PLENO CASATORIO CIVIL REALIZADO POR LA SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Publicado en por Samanamud&Acosta_abogados

I.- SOBRE LA INTRODUCCIÓN.

 

Con fecha 21 de Abril del 2008, y, en Separata Especial, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Sentencia Dictada en el Primer Pleno Casatorio Civil realizado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Dicha sentencia se encuentra contenida en la Casación Nº 1465-2007-Cajamarca, del proceso sobre Indemnización por Daños y Perjuicios derivados de  Responsabilidad Civil Extracontractual, seguido por Giovanna Angélica Quiroz Villaty, y, otros,  contra la Empresa Minera Yanacocha S.R.L., Ransa Comercial S.A., y, Esteban Arturo Blanco Bar.  

Este hecho resulta trascendental en la historia judicial del Perú, ya que han transcurrido más de más de catorce años de vigencia del Código Procesal Civil, y, recién luego de ello, se llega a aplicar su artículo 400º, con la finalidad de establecer doctrina jurisprudencial; la misma que como sabemos es de obligatorio cumplimiento para todos los órganos  jurisdiccionales del Estado, hasta que sea modificada por otro pleno casatorio.

La trascendencia e importancia del Pleno Casatorio, y, esencialmente de la Doctrina Jurisprudencial que se establezca, es evidente, ya que lo que ella determine debe ser aplicado obligatoriamente por todos los órganos jurisdiccionales, cuando tengan que resolver situaciones similares a aquellas en base a las que se estableció la Doctrina Jurisprudencial. El carácter vinculante es tan definitivo que ningún Juez se puede apartar del criterio establecido – como si lo permite, excepcionalmente y  con la motivación adecuada, en el caso de los principios jurisprudenciales regulados en el artículo 22º del la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ejemplo – ya que ninguna norma lo permite; y, es más, por cuanto solamente podrá ser la Sala Plena de la Corte Suprema la que varíe el sentido de lo establecido a través de otro pleno casatorio. Por lo tanto en aras de la seguridad jurídica y de la uniformidad de la jurisprudencia nacional, resulta de suma importancia haber dado inicio al establecimiento de Doctrina Jurisprudencial en materia civil, que tantas veces ha sido reclamada.

II.- SOBRE LA MATERIA DEL RECURSO

 

Al respecto nos dice la sentencia que “Se trata del recurso de casación (…) contra la resolución de vista de fojas 1473 a 1480, expedida el 27 de diciembre de 2006, por la Sala Civil de la Corte Superior De Justicia de Cajamarca”

 

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO.

 

Al respecto la resolución plantea:

“1.- La inaplicación de normas de derecho material: (…) al haberse transigido sobre daños a la salud de los afectados, derechos que son personalísimos y extramatrimoniales y por ende no son transables (…) 2.- Contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.

IV.- ACERCA DE LA CONVOCATORIA AL PLENO.

 

 Al referirnos este punto debemos reparar en la génesis de la mencionada convocatoria o en “la existencia de pronunciamientos contradictorios sobre la misma materia entre las dos Salas Civiles de esta máxima instancia judicial” cumpliéndose así el presupuesto que establece el art 400 del Código Procesal Civil “El pleno casatorio será obligatorio cuando se conozca que otra Sala esta interpretando o aplicando unas norma en un sentido determinado”.

 

V.- RESPECTO A LAS CONSIDERACIONES.

 

En esta parte de la sentencia se tratan los siguientes tópicos jurisprudenciales que tienen estrecha relación con los hechos debatidos y las denuncias expuestas en el Recurso de Casación:

A.- ANTECEDENTES RESOLUTIVOS DE LAS SALAS CIVILES SUPREMAS

B.- DE LAS TRANSACCIONES CELEBRADAS

C.- SOBRE LA TRANSACCIÓN

D.- FORMALISMO, INTERPRETACIÓN NORMATIVA, JUSTICIA Y CONFLICTO SOCIAL

E.- REGLA DE DERECHO: venire contra factum propium nulli conceditur. Sobre la cual transcribimos las intruyentes lineas de la sentencia al respecto:

“El brocardo jurídico de origen romano arriba citado no es otra cosa que la actualmente denominada Teoría de los Actos Propios, la misma que, según Mario Castillo Freyre, está conceptuada como una limitación al ejercicio de los derechos subjetivos, impuesta por el deber de un comportamiento coherente con la conducta anterior del sujeto que suscita en otro una fundada confianza.”

F.- TRANSACCIÓN Y LESIÓN

G.- PRONUNCIAMIENTO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

H.- SOBRE LOS INTERESES DIFUSOS Y SU DEFENSA

I.- SOBRE LA INAPLICACIÓN DE NORMAS DE DERECHO MATERIAL

 

VI.- EFECTOS DE LA SENTENCIA.

 

Nos aclara que esta no tiene efectos retroactivos: “los procesos resueltos con anterioridad a esta decisión bajo criterios diferentes mantienen plena vigencia al estar protegidas dentro del marco de la autoridad de Cosa Juzgada, en tanto que el caso presente asi como los demás que están pendientes de resolverse por ambas Salas Supremas Civiles, donde se este discutiendo iguales hechos e iguales razones, deberán ajustarse al precedente vinculante trazado en la presente sentencia” esto en mérito al artículo 400 del código adjetivo. 

 

VII.- SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PLENO CASATORIO.

 

Además y en otro aspecto que nos parece importante también, la Sala Plena de la Corte Suprema, se ha preocupado en defender  y justificar la constitucionalidad del pleno casatorio. En tal sentido ha dicho que al establecerse precedentes vinculantes, no se está vulnerando la independencia judicial, ya que el precedente, es en esencia el que realiza los valores de igualdad, de coherencia, y, de continuidad del ordenamiento, permitiendo la inserción de las decisiones individuales en contextos más amplios; además es necesario para proporcionar la certeza, previsibilidad e igualdad en la aplicación del Derecho que se reclama en todo Estado de Derecho. Concluye diciendo, que no se infringe el artículo 16º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque el valor normativo de la Jurisprudencia no es más que el presupuesto que da sentido a la casación misma y no el contenido de una actividad extrajudicial del Tribunal Supremo.

 

VII.- PRECEDENTES VINCULANTES ESTABLECIDOS POR LA SENTENCIA

 

Así pues, el Primer Pleno Casatorio Civil en el Perú ha establecido como Doctrina Jurisprudencial los siguientes precedentes vinculantes:

 

“La transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como Excepción procesal conforme a lo regulado por el inciso 10 del artículo 446º e inciso 4 del artículo 453º del Código Procesal Civil, por interpretación sistemática de dichas normas con las que contiene el Código Civil sobre la Transacción.

Entendiéndose que las transacciones extrajudiciales homologadas por el Juez, se tramitan de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil, al tener regulación expresa. Ocurriendo lo mismo en cuanto a transacciones celebradas con relación a derechos de menores de edad, las mismas que deben ser autorizadas por el Juez competente conforme a ley” (voto en mayoría).

 

“La legitimación para obrar activa, en defensa de los intereses difusos, únicamente puede ser ejercida por las entidades señaladas expresamente en el artículo 82º del Código Procesal Civil” (voto por unanimidad).

 

Respecto de los precedentes vinculantes, precisamos que el primero de ellos ha sido dictado por mayoría, contando con diez votos a favor y seis en contra; toda vez que los vocales supremos Antonio Pajares Paredes, Hugo Sivina Hurtado, Víctor Ticona Postigo, Jorge Solís Espinoza, José Lecaros Cornejo, y, Jacinto Rodríguez Mendoza, han emitido voto en minoría, opinando por la improcedencia de proponer la Transacción Extrajudicial como excepción procesal. El voto en minoría señala que: “…la procedencia de la excepción (de conclusión del proceso por transacción) importa necesariamente la existencia de dos procesos idénticos, de tal modo que la transacción extrajudicial alegada por la emplazada, al no haber sido celebrada dentro de un proceso, no puede configurar un proceso idéntico y, en tal virtud, no puede sustentar válidamente la excepción de conclusión del proceso…”,  continúa diciendo que: “… si el demandado opone la transacción extrajudicial, debe hacerlo en el escrito de contestación de demanda y en calidad de defensa de fondo…es en la sentencia donde podrá definirse si la transacción extrajudicial extinguió, total o parcialmente, la obligación que se reclama en la demanda…” 

 

Sobre el precedente de la legitimidad para obrar activa en la defensa de intereses difusos, se  precisa también que no han existido criterios contradictorios entre las Salas Civiles Supremas, sin embargo se ha establecido doctrina jurisprudencial al respecto y por unanimidad. Entendemos que ello se ha dado así, ya que era necesario pronunciarse al respecto, toda vez que este extremo también fue materia del recurso de casación en el cual se ha dictado la sentencia del pleno casatorio.

 

Ahora bien, después de una primera lectura de la sentencia, se puede apreciar que en ambos votos se han desarrollado interesantes conceptos, referidos por ejemplo a la Teoría de los Actos Propios, la Transacción, sus clases, relación y diferencias entre Transacción y Cosa Juzgada, la Constitucionalidad del Pleno Casatorio; conceptos que definitivamente también sirven para entender el pensamiento y criterios que utilizan y con que cuentan los más altos magistrados de nuestro país. Además de ello, dichos conceptos merecen un análisis más amplio al que se realiza en el presente trabajo, y, puede ser materia de un desarrollo posterior.

Ahora, para un cabal entendimiento e información del primer pleno casatorio civil, corresponde resumir las consideraciones en base a las que se han establecido los precedentes vinculantes señalados, y la materia controvertida.

 

Así tenemos que sobre el primer precedente vinculante, la discusión se ha centrado en sí se puede oponer o no como excepción procesal, una transacción extrajudicial celebrada sin la existencia de proceso judicial alguno, y, que tampoco haya sido homologada judicialmente.

La decisión,  en esencia,  establece que procede el amparo de la excepción de conclusión del proceso por transacción (que es como se encuentra denominada en el Código Procesal Civil) aún cuando la misma se base en la existencia de una transacción extrajudicial no homologada judicialmente, y, aunque no haya puesto fin a otro proceso judicial idéntico.

Se reconoce así a la transacción extrajudicial efectos de defensa de forma y no de fondo, y, se justifica el amparo de la excepción, señalando que con ello lo que se hace es reconocer los plenos efectos de actos jurídicos que pusieron fin a las discrepancias suscitadas entre las partes, las que se finiquitaron celebrando transacciones extrajudiciales.

 

Sobre el segundo precedente, la materia controvertida estaba relacionada a que sí una persona natural y en calidad de tal, a titulo individual, tendría legitimidad para demandar en vía civil sobre la defensa de intereses difusos, como la vulneración o afectación de su medio ambiente.

La decisión asumida es que una persona natural, a título  individual no cuenta con legitimidad para obrar, ya que la misma solamente está restringida para los entes o instituciones que establece el artículo 82º del Código Procesal Civil. Para ello, la Sala Plena de la Corte Suprema, por unanimidad, ha dicho que aún cuando el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 221-1997-AA/TC, haya referido que la legitimación en la defensa de los intereses difusos alcanza también a las personas naturales, ello sólo corresponde para solicitar la garantía constitucional del Amparo en defensa de los intereses difusos, por lo que se debe diferenciar su ejercicio con el de una acción ordinaria, ya que en uno y otro caso se persiguen fines totalmente diferentes. 

 

 

Como hemos visto, se ha realizado el Primer Pleno Casatorio Civil en el Perú, y, se han establecido los precedentes vinculantes referidos, situación que resulta importante para el desarrollo de la predictibilidad judicial. Como ya se ha dicho; se ha podido, y, se puede  tener inclinación a uno u otro criterio de los establecidos en los respectivos votos de los vocales supremos, sin embargo y dado que nos encontramos en un Estado de Derecho se debe respetar lo que al final se ha establecido y resuelto en mayoría, ya que ello resulta de obligatorio cumplimiento. 

 

 

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